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El derecho de acceso a los Archivos

El derecho de acceso de los ciudadanos a la documentación oficial aparece recogido, por primera vez en Derecho positivo, en una Real Ordenanza sueca, relativa a la Libertad de prensa, en 1766. Se intuye, no obstante, que su configuración actual obedece a la necesidad de hacer efectiva la libertad de comunicación que, desde la Revolución Francesa, queda declarada como institución fundamental. En estos momentos el acceso a los archivos de la administración pública se ve como un derecho inalienable de los ciudadanos que garantiza la transparencia de la gestión de las administraciones y la legalidad de sus actos.

La Constitución Española de 1978

El acceso a los documentos administrativos está recogido en el artículo 105, apartado b, de la Constitución que dice:
La ley regulara: ... b) El acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos, salvo en lo que afecte a la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos y la intimidad de las personas.

El Tratado constitutivo de la Comunidad Europea

El artículo 255 (TCE) [15] dice:
1. Todo ciudadano de la Unión, así como toda persona física o jurídica que resida o tenga su domicilio social en un Estado miembro, tendrá derecho a acceder a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión, con arreglo a los principios y las condiciones que se establecerán de conformidad con los apartados 2 y 3.
2. El Consejo, con arreglo al procedimiento previsto en el artículo 251, determinará los principios generales y los límites, por motivos de interés público o privado, que regulan el ejercicio de este derecho de acceso a los documentos, en el plazo de dos años a partir de la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam.
3. Cada una de las instituciones mencionadas elaborará en su reglamento interno disposiciones específicas sobre el acceso a sus documentos.

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La Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español

La Ley de Patrimonio Histórico Español dice en su artículo 49.2:
a) Con carácter general, los documentos, concluida su tramitación y depositados en los Archivos centrales de las correspondientes entidades de derecho público, serán de libre consulta a no ser que afecten a materias clasificadas de acuerdo con la ley de secretos oficiales o no deban ser públicamente conocidos por disposición expresa de la ley, o que la difusión de su contenido pueda entrañar riesgos para la seguridad y defensa del estado o la averiguación de delitos.
b) No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior estos documentos excluidos de consulta pública podrán ser consultados previa petición de autorización que será concedida o no, en el caso de los secretos por la autoridad que hizo esa declaración y en el de los demás por el Jefe del Departamento encargado de la custodia.
c) Los documentos que contengan datos personales de carácter policial, procesal o clínico o de cualquier otra índole que puedan afectar a la seguridad de las personas, a su honor, a la intimidad de su vida privada y familiar y a su propia imagen, no podrán ser públicamente consultados sin que medie consentimiento expreso de los afectados o hasta que hayan transcurrido un plazo de veinticinco años desde su muerte, si su fecha es conocida o en otro caso, de cincuenta a partir de la fecha de los documentos.

En el apartado 2 del artículo 57 se dice que reglamentariamente se establecerán las condiciones para la realización de la consulta de los documentos a que se refiere este artículo, así como para la obtención de reproducciones de los mismos.
El artículo 62 dice que el Estado garantizará el acceso de todos los ciudadanos a los a. de tit. estatal sin perjuicio de las restricciones que por razón de conservación o de la función de la institución puedan establecerse.
El artículo 58 dispone que se forme una Comisión Superior Calificadora de Documentos Administrativos para la calificación y utilización de los documentos y su integración en los archivos y su régimen de acceso e inutilidad administrativa en lo que se refiere a los archivos estatales.

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La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local

En su artículo 18 ( Derechos y deberes de los vecinos), apartado e), se refleja el derecho a "ser informado, previa petición razonada, y dirigir solicitudes a la Administración municipal en relación a todos los expedientes y documentación municipal, de acuerdo con los provisto en el artículo 105 de la Constitución".

Por otro lado, en su capítulo VI (Información y participación ciudadana), artículo 70, apartado 3, se dice: "todos los ciudadanos tienen derecho a obtener copias y certificaciones acreditativas de los acuerdos de las Corporaciones Locales y sus antecedentes, así como a consultar los archivos y registros en los términos que disponga la legislación de desarrollo del artículo 105 b) de la Constitución...".

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Otras disposiciones

Un artículo muy completo sobre este tema es el de: VÁZQUEZ ORGAZ, Jorge. El derecho de acceso a archivos y registros públicos (en Artículos jurídicos en Derecho.com, marzo 2002).

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